Contraloría ordena restituir a sus labores a funcionaria destituida y reabrir sumario en Municipalidad de Vicuña

La Contraloría Regional de Coquimbo acogió la reclamación presentada por la funcionaria municipal M.A.M.T. y ordenó a la Municipalidad de Vicuña reabrir el sumario administrativo que derivó en su destitución, retrotrayendo el proceso a la etapa correspondiente para garantizar su derecho a defensa.

La resolución, emitida el pasado 15 de mayo, concluyó que la formulación de cargos realizada por el municipio no cumplió con los requisitos legales exigidos, al no describir de manera clara y precisa las conductas que se le imputaban a la funcionaria, situación que afectó gravemente sus posibilidades de defenderse durante el proceso.

La funcionaria, quien lleva más de 20 años en la institución edilicia y además se desempeña como dirigente gremial, había sido destituida tras una investigación relacionada con presuntas irregularidades detectadas en el Juzgado de Policía Local de Vicuña. Sin embargo, la Contraloría determinó que el procedimiento presentaba vicios de legalidad y decidió no ratificar el decreto alcaldicio que confirmó la medida disciplinaria.

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Desde Acción Funcionaria, estudio jurídico que representó a M.A.M.T., señalaron que la resolución constituye un importante precedente para la defensa de los derechos de los funcionarios públicos.

La abogada Evelyn Aguilar explicó que el estándar exigido en materia disciplinaria es claro: los cargos deben permitir una defensa real y efectiva.“Después de meses fuera de la municipalidad, la Contraloría determinó que el sumario estaba mal realizado y ordenó retrotraer el procedimiento para que la funcionaria pueda ejercer plenamente su derecho a defensa”.

El organismo contralor instruyó a la Municipalidad de Vicuña a adoptar las medidas necesarias para corregir las irregularidades detectadas y reabrir el proceso disciplinario desde la etapa correspondiente, debiendo informar su cumplimiento dentro de los plazos establecidos.

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Por su parte, la abogada Paula Barrera destacó que la defensa de la funcionaria se enmarca también en el trabajo que Acción Funcionaria desarrolla junto a organizaciones gremiales de funcionarios públicos, a través de su convenios Funcionarios en Acción.

“La funcionaria pertenece a una organización gremial que mantiene convenio con Acción Funcionaria, lo que permitió activar una defensa oportuna y especializada. Este caso demuestra la importancia de que las asociaciones cuenten con respaldo jurídico real, porque muchas veces los funcionarios enfrentan procedimientos complejos, medidas gravísimas y contextos de presión institucional sin saber que existen herramientas para defenderse”, indicó.

Los abogados representantes sostuvieron además que el caso demuestra que existen mecanismos legales para impugnar actos administrativos cuando estos vulneran derechos estatutarios de los funcionarios. “Esperamos que esta resolución sea una señal alentadora para aquellos funcionarios que sienten que las decisiones de una municipalidad son inapelables. Existen herramientas jurídicas y judiciales que permiten cuestionar y revisar actos administrativos cuando estos no se ajustan a derecho”, agregó Evelyn Aguilar.

Asimismo, lamentaron lo que califican como una exposición pública injustificada de la funcionaria durante el desarrollo del proceso administrativo. Según manifestaron, desde el municipio se habrían difundido antecedentes y publicaciones en redes sociales respecto de una investigación que aún no se encontraba concluida, situación que, a su juicio, afectó la honra y la presunción de inocencia de su representada.

En ese contexto, la abogada Rocío Contreras sostuvo que el caso no se agota con la decisión administrativa de Contraloría. “Esta resolución es muy relevante porque impide que se consolide una destitución dictada en un procedimiento viciado. Sin embargo, también existe un contexto que debe ser revisado judicialmente, especialmente por la afectación a la honra, la exposición pública de la funcionaria, el impacto personal y laboral que produjo esta medida y los eventuales elementos de persecución o represalia. Por eso, estamos preparando las acciones correspondientes”, afirmó.

La resolución también reviste especial relevancia debido a que la afectada mantiene la calidad de dirigente gremial, condición que le otorga fuero e inamovilidad en su cargo, salvo que una eventual destitución sea ratificada por la Contraloría General de la República, situación que en este caso fue desestimada por el órgano fiscalizador.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento público por parte de la Municipalidad de Vicuña respecto de la resolución emitida por la Contraloría Regional de Coquimbo.