A días de elecciones, municipio de Vicuña destituye a dos funcionarias por robo en Juzgado de Policía Local “durante periodo anterior”

Maniobra política de la actual administración del alcalde Mario Aros y de sus asesores es atestar el último golpe al exalcalde Rafael Vera, quien se enfrentará este domingo a la elección parlamentaria.

De acuerdo a un comunicado enviado a primera hora sólo a algunos periodistas y recién cerca de las 15 horas al resto de los medios, se trata de $30 millones que fueron “robados” desde la recaudación del Juzgado de Policía Local “hechos ocurridos durante la administración del exalcalde Rafael Vera Castillo“, señala el escrito.

La resolución del sumario administrativo que destituye a dos funcionarias identificadas con las iniciales L.M.F y M.M.T, incluye sanciones menores de censura a otros dos funcionarios por incumplimientos en su deber de control jerárquico.

Según el municipio, este hecho y por el cual existe una denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Vicuña, ” recuerdan el caso Mamalluca del 2013, también marcado por irregularidades financieras”, se sostiene.

El proceso, iniciado en septiembre de 2024 tras una denuncia interna, permitió establecer responsabilidades administrativas en irregularidades cometidas en dicho período. Y aunque no se responsabiliza directamente a Vera, permanentemente se reafirma que estos hechos se registraron en la administración anterior, etapa que el actual alcalde independiente pero estrechamente ligado a la UDI, Mario Aros, no duda en calificarlo de “etapa oscura”

“Estos hechos ocurrieron bajo la gestión anterior y muestran un patrón de manejo irregular que lamentablemente se repitió en distintas áreas del municipio, como el recordado caso de los tickets adulterados del Observatorio Mamalluca en 2013. Hoy estamos cerrando esa etapa oscura y construyendo una municipalidad transparente, moderna y de cara a la gente”, señaló Aros.

“En el marco de esta causa penal, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones han desarrollado diligencias en el patrimonio de las funcionarias inculpadas, avanzando en la recuperación de los recursos sustraídos y la determinación de eventuales responsabilidades penales”, se señala.

El decreto establece que las destituidas no podrán ejercer cargos públicos por los próximos cinco años, conforme a la Ley N° 18.883, y que las sanciones se harán efectivas una vez afinado el procedimiento administrativo.